Por: MUTANTE
La Corte Constitucional falló a favor del pueblo Pirá Paraná al determinar que tres empresas actuaron de mala fe y habrían vulnerado los derechos del pueblo indígena con el uso de los bonos de carbono.
La Corte Constitucional falló a favor del pueblo Pirá Paraná al determinar que tres empresas actuaron de mala fe y habrían vulnerado los derechos del pueblo indígena con el uso de los bonos de carbono.
Líderes indígenas y habitantes del departamento de Vaupés cuentan que, a finales de 2019, empleados de la empresa Waldrettung S.A.S., que se presenta como la filial colombiana de una multinacional alemana dedicada a proyectos de venta de bonos de carbono, reunieron a decenas de capitanes de varias comunidades del Gran Resguardo de ese departamento, el segundo resguardo más grande del país, en el coliseo de Mitú.
La batalla para enfrentar el cambio climático adquirió una nueva imagen: los Bonos de Carbono, o mejor, los Créditos de Carbono. En esencia, los bonos son un sistema de incentivo para la reducción de la contaminación, principalmente la causada por la emisión de gases invernadero. Fueron proyectados como una de las principales acciones a desarrollar luego de que se estableciera el Protocolo de Kioto en 1997 (aunque entró en rigor hasta 2005).
El protocolo fue el resultado de la Convención que reunió a las potencias globales y extendió los acuerdos de las Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático. Allí se establecieron tres acciones principales:
Es un sistema sencillo: los gobiernos y empresas que causan grandes emisiones, o tienen procesos de deforestación, pagan a otras empresas para que ellas se encarguen de sembrar una cantidad suficiente de árboles que ayuden a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los primeros. Por lo general, un tercer actor, que usualmente también es una empresa privada, valida las acciones de la empresa que siembra los árboles para que efectivamente cumplan con su objetivo.