Fue la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente que reconoció formalmente la necesidad de que el desarrollo económico incorporara al “medio ambiente humano” y al bienestar social, teniendo como base la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, el Plan de Acción para el Medio Ambiente Humano y en la Resolución de Arreglos Institucionales y Financieros.

Fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de analizar y sentar las bases normativas internacionales de la relación entre el desarrollo y el medio ambiente. Cuatro años después la Comisión publicó el Informe Brundtland (Nuestro Futuro Común), que llamaba la atención para la necesidad de evitar las afectaciones al medio ambiente y sus recursos, pero sin detener el desarrollo económico.

Es lanzado el libro ‘Blueprint for a Green Economy’, escrito por Edward Barbier y Anil Markandya, en el que la economía verde se propone como un nuevo paradigma que reconoce a la naturaleza como bien que puede ser transado y comercializado dentro del sistema económico mundial. Este libro sería la base para la teoría del “Global Green New Deal” de las Naciones Unidas.

Fue convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de que se pudiera definir a nivel internacional un modelo de desarrollo que permitiera garantizar el desarrollo económico, el bienestar social y el cuidado ambiental, siendo el desarrollo sustentable la principal estrategia reconocida. A su vez, esta Cumbre da origen a dos documentos jurídicamente vinculantes para los Estados miembro de las Naciones Unidas: el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En este último se priorizó estabilizar las emisiones y concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) permitiendo “que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”, promoviendo mecanismos de flexibilización y compensación.

Por medio de este Protocolo, ideado en la III Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 3), se pone en marcha el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), instrumento en el cual algunos países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero, por medio de un ‘mercado mundial de emisiones’, un mecanismo de Desarrollo Limpio, y un mecanismo de Implementación conjunta. En estos instrumentos se sientan las bases de la arquitectura del mercado de carbono tal como lo conocemos, estableciendo objetivos de reducción de emisiones para países desarrollados, e ideando los mecanismos de mercado que permitan que países en desarrollo puedan obtener ingresos económicos adicionales por medio de la venta de créditos de carbono o Certificados de Emisiones Reducidas (CER). El Protocolo solo entraría en vigor a partir del 2005.+ Ver documento

En ‘The Economics of Climate Change’, se aborda al cambio climático, y no solamente al ambiente y los recursos naturales, como una oportunidad de negocio y de crecimiento económico, invitando a incorporar a la naturaleza y sus elementos en el sistema financiero, mientras se avizora una crisis económica mundial.

https://news.un.org/es/story/2008/10/1147071

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó esta iniciativa para ‘reactivar los mercados mundiales de manera sustentable’, centrándose en la conservación de bosques y suelos. Con esto, el modelo de la economía verde aparece oficialmente dentro del marco conceptual de las Naciones Unidas.

Edward Barbier, el mismo creador de ‘Blueprint for a Green Economy’ (1989), elaboró este informe preparado para la Subdivisión de Economía y Comercio, que se encuentra dentro de la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA. Frente a las crisis financiera, de combustibles y alimentos, se propone desde las Naciones Unidas promover la recuperación económica, la erradicación de la pobreza, y la reducción de emisiones y degradación de los ecosistemas, por medio de la reducción de la dependencia de carbono y la escasez ecológica. +Ver documento.

Por medio de este documento, el PNUMA proporciona directrices para la formulación de políticas, normativas, subsidios, incentivos nacionales, infraestructura jurídica y protocolos comerciales, que viabilicen una transición de la economía marrón hacia una economía verde, proponiendo invertir el dos por ciento del PIB mundial en prácticas “verdes” como las energías renovables, la agricultura sostenible, y la protección de los ecosistemas y de la diversidad biológica. Se reconoce, entonces, el papel del ‘capital natural’ para el desarrollo, específicamente la función de almacenamiento de carbono como potencial servicio de los ecosistemas. Este fue el insumo principal en el proceso de preparación hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en el 2012 en Río de Janeiro (Río+20).+ Ver Documento

Esta Conferencia fue realizada con el objetivo de evaluar los avances de la adopción de los marcos proyectados en la Cumbre de la Tierra de 1992, así como el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Durante esta conferencia se evidenció que dichos objetivos no habían sido cumplidos de forma efectiva, y ante ello fueron desarrollados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como adoptadas formalmente directrices sobre políticas de economía verde y poniendo en marcha estrategias para financiar el desarrollo sostenible. + Ver más.

https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris

Durante la XXI Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP21) en París se adoptó este tratado que reemplazó al Protocolo de Kioto, cuya acción principal para atender el calentamiento global fue idear mecanismos que permitieran controlar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados. Es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que invita a los países a desarrollar estrategias de largo plazo que contemplen bajas emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia del Protocolo de Kioto, este Acuerdo acaba con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de países e industrias, validando acciones voluntarias que acabaron fomentando un mercado global de carbono, y  que continúan validando la flexibilización de la reducción real de las emisiones. Por medio del Art. 6 se confirma el establecimiento de un Sistema Internacional de Comercio de Carbono, y un sistema de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) para medir qué está haciendo cada país en materia de cambio climático.

Una de las decisiones definidas en la XIII Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP13) fue acordar el principio de Medición y Reporte, incluyendo un componente de verificación de las acciones de mitigación del cambio climático. Esta medida fue reforzada por la ratificación del Acuerdo de París y sus principios rectores del marco de transparencia que aboga por facilitar, promover y velar por la presentación de la información y la transparencia de las acciones. Para avanzar con el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia climática y ambiental, se crea el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero en Colombia. por medio de Ley 1753 de 2015. En esta plataforma son registradas las iniciativas de reducción y remoción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Se crea el primer instrumento económico y financiero que le pone un precio al carbono en Colombia, en cumplimiento con el Acuerdo de París, por medio del artículo 221 de la Ley 1819 de 2016. El propósito inicial de este impuesto fue el de desincentivar el uso de combustibles fósiles, por medio de su aplicación en “la primera actividad de la cadena de suministro por venta, importación o autoconsumo de cualquiera de los combustibles fósiles grabados dentro del territorio colombiano (gasolina, queroseno, jet fuel, combustible diesel (ACPM) y fuel oil)” (Fuente: MADS).

Por medio del Decreto 926 del 2017 se crea un beneficio tributario que aplica a los sujetos pasivos obligados a pagar el impuesto nacional al carbono. Esta normativa permite que empresas contaminantes en el país puedan comprar créditos o bonos de carbono en el mercado voluntario, en lugar de reducir sus emisiones de dióxido de carbono.

En la Ley 1931 de 2018 “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”, se proyecta este programa como un régimen obligatorio de reducciones de emisiones con reglas definidas a nivel nacional.

Directriz para que Iniciativas públicas y privadas demuestren sus resultados de mitigación en el marco del cumplimiento de las metas nacionales bajo la CMNUCC.

Por medio de la Ley 2169 de 2021 se impulsa el desarrollo bajo en carbono, a través de metas y medidas en materia de carbono neutralidad en Colombia.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”, se identifica la necesidad de regular el mercado de carbono ante el incremento de denuncias en torno a la falta de transparencia y acceso a la información de proyectos REDD+.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) anunció que la única forma para detener el calentamiento global es eliminar por completo las emisiones de GEI. +Ver documento.

El establecimiento del mercado mundial de carbono se retrasó hasta el próximo año tras el colapso de las negociaciones sobre el mercado de carbono, en virtud del artículo 6 del Acuerdo de París.

El establecimiento del mercado mundial de carbono, que iba a definirse durante esta Conferencia de las Partes, no avanzó ante el colapso de las negociaciones en torno a este tema. En la COP 29 en Azerbaiyán en noviembre de 2024 nuevamente será discutida esta propuesta.