La compra o venta de bonos de carbono se ofrece a comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinado en Colombia, como una compensación por cuidar el territorio, pero muchas veces resulta ser a cambio de permitir la extracción de combustibles fósiles, petróleo o carbón.
Como consecuencia, si bien las comunidades reciben un pago, terminan, en ocasiones, siendo instrumentalizadas para permitir el lavado verde con el cual las empresas extractivas amplían sus fronteras, desplazando comunidades y alterando sus modos de vida.
Es importante tener presente que, cuando de bonos de carbono se trata, existen dos mercados, el regulado y el voluntario, también llamado no regulado. Este último permite que se ofrezcan contratos y proyectos a las poblaciones locales, sin que exista ningún tipo de control en el país, o incluso a nivel global, pues tampoco ha sido creada una regulación vinculante para el artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono, como se pretendía lograr en la COP 26 de Glasgow.
Estos mercados de carbono son presentados bajo muchos nombres, algunos de ellos con mayor trayectoria, como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) o los proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (Redd), frente a los cuales, incluso la ONU en su documento marco al respecto, ha indicado que podría “privar a las comunidades de sus legítimas aspiraciones de desarrollar sus tierras” y “causar la clausura de los bosques al desvincular la conservación del desarrollo de prácticas de conservación sin fines de lucro, basadas en valores culturales”. Distintas organizaciones han planteado que es por el desprestigio de este último instrumento que se han venido promoviendo las Soluciones Basadas en la Naturaleza, que se amparan en las mismas premisas de compensación de daños ambientales, y no en una disminución real de los mismos.