MAPA DE LOS MERCADOS DE CARBONO EN COLOMBIA
⸻ Carlos Walter Porto Gonçalves
¿Qué encontrarás en este mapa? ●
Identificarás información sobre proyectos REDD+ en Colombia, incluyendo el nombre que está consignado en las plataformas de registro, una breve descripción que, en algunos casos, refleja las problemáticas sociales, ambientales, culturales, económicas y políticas que se han evidenciado a raíz de su implementación en territorio.
Además, se incluyen documentos recolectados por Censat Agua Viva a través de las plataformas de registro de las empresas certificadoras y mediante procesos investigativos (propios y/o externos). La geo-localización se lleva a cabo por municipios y departamentos según la división administrativa de Colombia siendo que,en algunos casos, se vinculan también las áreas no municipalizadas
Se refiere a la etapa en la cual se encuentra cada uno de los proyectos de mercado de carbono que, si bien no es estándar y depende de cómo la nombre cada empresa certificadora, puede corresponder a la siguientes fases:
Dado que cada empresa certificadora otorga denominaciones diferentes a las etapas de los proyectos de mercado de carbono, en el mapa encontrarás todas las denominaciones usadas:
Hace referencia al periodo de duración de un proyecto; contiene la fecha específica en la que inicia la contabilización de la reducción o remoción de GEI, así como la vigencia o fecha límite en que dicho registro culminaría. Para efectos de este micrositio, se relacionan las fechas de inicio y fin, registradas tanto en las plataformas de registro, como en los documentos de descripción de cada proyecto (PDD). En todos los proyectos, estas fechas son determinadas por el desarrollador o titular según los criterios establecidos por cada estándar.
Para Verra, la fecha se refiere al periodo de acreditación durante el cual la implementación de actividades permitió la reducción o eliminación de emisiones de GEI y, por lo tanto, que el proyecto es elegible para expedir Verified Carbon Units (VCUs). Este periodo puede ser renovado según la versión más reciente del Verified Carbon Standard (VCS).
Para Biocarbon Standard la fecha se refiere a la duración total del proyecto en años y a los periodos de acreditación que componen esa duración. Según este estándar los proyectos REDD+ pueden tener una duración mínima de 40 años y máxima de 60 años.
Para Cercabono el periodo de acreditación indica el tiempo de duración de un Programa o Proyecto de Mitigación del Cambio Climático (PMCC), en el cual se acude a un proceso de verificación para obtener créditos de carbono. En este caso cada periodo de acreditación puede tener máximo 20 años, pero podrá ser renovado por periodos de hasta 10 años hasta culminar la vida útil del proyecto.
Para ColCX las fechas de inicio y fin se asocian con los límites temporales, que contienen una fecha de inicio del proyecto (que denota el inicio en la implementación de actividades del Proyecto de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (PMGEI)) y un periodo vitalicio (definido por el proponente del proyecto entre 30 y 100 años).
Área del proyecto o “project area” donde el desarrollador o intermediario de la iniciativa ejecuta las actividades registradas en el documento de descripción del proyecto (PDD), y donde se ejecutan acciones de monitoreo y verificación de la deforestación o degradación forestal. Por ende, esta zona debe estar compuesta tanto de bosque (que se prevé será deforestado o degradado sin la presencia del proyecto) como de comunidades locales (con derecho legal sobre la tenencia de la tierra) interesadas en detener los motores de deforestación.
Se describen todas las partes involucradas en los proyectos, incluyendo a comunidades, desarrolladores, organizaciones y actores clave en cada momento del desarrollo de los proyectos:
Comunidades
Comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes u otras que están vinculadas en cualquiera de las etapas de una iniciativa de mitigación de GEI. Esta información fue tomada primordialmente del documento de descripción de un proyecto (PDD).
Desarrollador y organizaciones involucradas
El desarrollador (también conocido como proponente o titular de la iniciativa en la Resolución 1447 de 2018) hace referencia a los actores intermediarios que planean, ejecutan y dan seguimiento a los proyectos de reducción de emisiones con las comunidades locales. Para tal efecto, toman como guía las metodologías generadas por los certificadores (que incluyen, cálculos de emisión, salvaguardas sociales y ambientales, etc.); invierten dinero para obtener ganancias a futuro e interceden en la generación y venta de los bonos o créditos de carbono.
Las organizaciones o entidades involucradas son aquellas que, junto con el desarrollador, llevan a cabo diferentes acciones que permiten la formulación, implementación y supervisión del proyecto.
Validador
Actor que es contratado por el desarrollador para llevar a cabo una auditoría “independiente” de la línea base (ver glosario) definida para el proyecto. En teoría es un paso que le permite al desarrollador iniciar con la implementación del proyecto, sin embargo, al momento es posible que, tanto la validación como la primera verificación del proyecto se desarrollen al mismo tiempo. El validador debe tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 44 de la Resolución 1447 de 2018.
Verificador
Actor que es contratado por el desarrollador para llevar a cabo una auditoría “independiente” sobre la implementación del proyecto en un periodo de tiempo específico. Dicha auditoría debería constatar la integridad del proyecto y, según la verificación frente a la reducción de emisiones, dar el aval o no para la venta de bonos de carbono a través del certificador. El verificador debe tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 44 de la Resolución 1447 de 2018.
Certificador
Empresas que establecen los parámetros que un proyecto debe cumplir para generar bonos de carbono. Cada desarrollador tiene la posibilidad de decidir el certificador (incluyendo la metodología y el estándar) que contratará para realizar la venta de los certificados de carbono.
Indicadores generales del inventario de mercados de carbono
A. Metodologías certificadoras
Indicador 1:
Verra
En Colombia, el 35% de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), se encuentran registrados bajo el estándar de carbono verificado (VCS por sus siglas en inglés) de la empresa Verra. En el año 2023, investigadores(as) del diario británico The Guardian y de Corporate Accountability, analizaron 50 proyectos de compensación de emisiones alrededor del mundo, evidenciando que 32 de los proyectos analizados fueron certificados por Verra, y 28 de ellos fueron clasificados como probablemente bonos basura, mientras que los otros cuatro eran problemáticos y potencialmente inútiles.
Indicador 2:
Cercarbono y Ecoregistry
“En marzo de 2022, una empresa llamada Latin Checkout compró 1,3 millones de créditos de carbono del proyecto [REDD+ Baka Rokarire] por unos 4 millones de dólares. Latin Checkout comparte los mismos socios fundadores con Cercarbono, la empresa que certificó el proyecto REDD+ Baka Rokarire. Latin Checkout también desarrolló la plataforma EcoRegistry. Esa es la plataforma donde se registran todos los créditos de carbono de Cercarbono, incluidos los de REDD+ Baka Rokarire” (Lang 2023a).
La empresa Ecoregistry está registrada en el estado Delaware, bien conocido por ser el paraíso fiscal de Estados Unidos (Lang 2024).
Indicador 3:
ColCX
“La empresa matriz de ColCX es Canal Clima, que forma parte de Valorem, el holding de una de las familias más ricas y poderosas de Colombia: la familia Santo Domingo” (Lang 2023b).
B. Tiempo / Duración de los proyectos
El 81% de los proyectos REDD+ mapeados proyecta un tiempo de duración entre 20 y 100 años, involucrando a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas. Diversos especialistas del sector ambiental y defensores de los derechos de comunidades locales han llamado la atención al riesgo que representa la duración de los proyectos del mercado de carbono, comprometiendo a que entre dos y diez generaciones deban resignifican sus prácticas culturales, sociales, económicas, políticas y ecológicas a partir de la dinámicas generadas por estos proyectos.
Lo anterior implica “una afectación con una permanencia significativa y que repercutirán en la manera en la que durante todo este transcurso de tiempo las comunidades se relacionan con su territorio”, siendo que “Las comunidades son quienes, a través de sus conocimientos sobre cuidado y conservación de la naturaleza, prestan el territorio de su propiedad, el tiempo y el trabajo comunitario en la realización de actividades como la reforestación, reducción de cultivos, clasificación de sus especies de flora, etc.” (Corte Constitucional 2024).
C. Espacio / Hectáreas
El área del proyecto entendida como el área donde el desarrollador o intermediario de la iniciativa ejecuta las actividades registradas en el documento de descripción del proyecto (PDD), y donde se ejecutan acciones de monitoreo y verificación de la deforestación o degradación forestal, teniendo en cuenta que al ejecutar diferentes actividades. Analizar el área de distribución de proyectos REDD+ es importante ya que, dentro de esta, las empresas privadas ejecutan actividades y diseñan planes de manejo que pueden implicar un cambio en la dinámica del territorio¹
Para el caso de esta investigación, de los 92 proyectos, 87 que se encuentran en diferentes estados desde registrados hasta validados y certificados, se extienden en un área de 26.682.893,43 ha, los 5 restantes se encuentran retirados o sin información.
De estos 87 proyectos, 42 se están implementando en resguardos indígenas distribuidos en un área de 21.442.404,51 ha, de la misma manera, 37 de estos proyectos se encuentran en el bioma amazónico de Colombia en un área de 21.094.321,51 ha correspondiente al 43% del bioma amazónico.
¹ La superficie del bioma amazónico se estima en 483.163 km2.
Así mismo, para el caso de los consejos comunitarios, se encontraron 27 proyectos, en diferentes etapas, los cuales se distribuyen en un área de 3.571.198.52 ha, siendo aproximadamente el 63% de los territorios titulados a comunidades afrodescendientes².
Aquellos que ya se encuentran certificados, en proceso de validación o validados y en proceso de verificación o ya verificados, son 34 y representan un total de 8.097.529,34 ha, de los cuales 30 se presentan en figuras colectivas de tenencia de la tierra, 14 en consejos comunitarios y 16 en resguardos indígenas.
El escenario descrito permite dimensionar que gran parte de la conservación de territorios colectivos se está delegando a la dependencia de proyectos REDD+. Sin embargo, estos mismos territorios han estado habitados históricamente por comunidades que han desarrollado prácticas culturales arraigadas al entorno, demostrando que es posible conservar los ecosistemas mientras se habitan y se utilizan de manera sustentable. La conservación no debería depender de un flujo financiero proveniente de empresas privadas, sino que debería estar en manos de quienes conocen y entienden profundamente el territorio.