Hace 15 años, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se presentó formalmente una propuesta para compensar financieramente a los gobiernos y a otros actores por sus esfuerzos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por la deforestación y la degradación forestal.
La idea inicial detrás de la “reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y la mejora de las reservas de carbono forestal” (REDD, y “+” significa “conservación de bosques y mejora de las reservas de carbono forestal”, lo que incluye reforestación, forestación y restauración forestal) fue recompensar la conservación forestal en los países en desarrollo creando un valor financiero para el carbono acumulado en los bosques. Se argumentó que era necesario un incentivo financiero en forma de pagos “basados en resultados” (RBP, por sus siglas en inglés) para alentar a los países, especialmente aquellos con altos índices de deforestación, a ampliar las medidas de conservación forestal debido a que la deforestación es mucho más rentable que la protección forestal.
Si bien esta propuesta parece honesta, REDD+ ha sido una de las políticas ambientales más controvertidas que haya existido. Ha dividido a gobiernos, sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas e igualmente ha sido muy polémica dentro de las propias Naciones Unidas. Algunos grandes grupos conservacionistas continúan celebrando el poder del mercado para mitigar el cambio climático, mientras que otros actores de la sociedad civil, particularmente grupos de derechos humanos y